En el ordenamiento jurídico de los EEUU, la aplicación privada o private enforcement del Derecho Antitrust ha desempeñado, prácticamente desde la promulgación de las primeras normas sustantivas dirigidas a proteger la competencia en el mercado norteamericano, un papel preponderante en cuanto a la detección y persecución de las conductas empresariales que supusieran un atentado a las premisas de la libre competencia, hasta el extremo de convertirse dicho sistema en un ejemplo de referencia en orden a la configuración de otros modelos de defensa de la competencia contemporáneos.
La lucha contra las conductas anticompetitivas se materializa a través de un sistema antitrust complejo, de doble nivel y de carácter descentralizado, cuyo estudio debe afrontarse mediante un minucioso análisis acerca de los diferentes sujetos, públicos y privados, que están legitimados para perseguir este tipo de atentados anticompetitivos, de los diferentes cauces de enjuiciamiento disponibles